Mesa: 2 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Latinoamérica.

Día: 2  Horario: 9:30 am a 10:30 am

Cumplimiento o incumplimiento de los derechos humanos en el Ecuador.

Ecuador, como nación de América Latina, ha experimentado avances significativos en la promoción y protección de los derechos humanos en las últimas décadas. Sin embargo, persisten desafíos importantes en términos de cumplimiento y garantía de estos derechos, especialmente en lo que respecta a las poblaciones indígenas del país.

Este ensayo analiza la situación de los derechos humanos en Ecuador, centrándose en la relación entre el gobierno ecuatoriano y las comunidades indígenas. A través de un examen detallado de la historia, las políticas gubernamentales y los desarrollos recientes, se identificarán las áreas de cumplimiento y las áreas donde se observa incumplimiento de los derechos humanos.

En primer lugar, se destacarán los avances notables en materia de derechos humanos en Ecuador, como la Constitución de 2008, que reconoce los derechos de la naturaleza y otorga derechos colectivos a las comunidades indígenas. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten problemas significativos en áreas como la discriminación, la desigualdad, y la falta de consulta y consentimiento previo a las comunidades indígenas en proyectos de desarrollo.

El incumplimiento de los derechos humanos en Ecuador se manifiesta en la falta de acceso a servicios básicos, como la educación y la atención médica, en las zonas rurales habitadas por poblaciones indígenas. Además, la criminalización de la protesta social ha llevado a la persecución de líderes indígenas y la represión de las manifestaciones.

El ensayo también explorará la cuestión del desarrollo económico y su impacto en las poblaciones indígenas. Si bien el gobierno ha promovido el crecimiento económico a través de la explotación de recursos naturales, esto ha tenido un costo ambiental y social significativo para las comunidades indígenas. La explotación petrolera y minera en territorios indígenas ha llevado a conflictos y a la degradación del medio ambiente, lo que plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de los derechos humanos.

En este contexto, se explorarán las perspectivas de futuro para el cumplimiento de los derechos humanos en Ecuador. La necesidad de un enfoque inclusivo y participativo que involucre a las poblaciones indígenas en la toma de decisiones sobre

su propio desarrollo será enfatizada como un paso importante hacia un mayor cumplimiento de los derechos humanos.

En conclusión, Ecuador ha realizado avances en la promoción y protección de los derechos humanos, particularmente en el reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas en su Constitución de 2008. Sin embargo, subsisten desafíos significativos en términos de discriminación, desigualdad, acceso a servicios básicos y desarrollo sostenible en las comunidades indígenas. Para lograr un cumplimiento más completo de los derechos humanos en Ecuador, es esencial que el gobierno y la sociedad trabajen juntos para abordar estos problemas y garantizar una vida digna para todos los ecuatorianos, independientemente de su origen étnico.

La Amazonia-Orinoquia venezolana, un ecocidio en ciernes.

En Venezuela desde hace una década, y fundamentalmente desde la creación en 2016, de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) 1 , la práctica legal o ilegal de la minería a cielo abierto ha destruido los recursos naturales y contamina las aguas de los ríos de los estados Bolívar y Amazonas, degradando la fauna y la flora de la región, al mismo tiempo que vulnera los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan sus territorios ancestrales.

Esta situación, en opinión del Observatorio en Defensa de la Vida (Odevida) puede considerarse como un ecocidio, definido desde 2021 como “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente” 2 La Red de Defensores de Derechos Humanos de Amazonas, conformada tanto por organizaciones indígenas como ambientales han presentado denuncias sobre la presencia de grupos de personas que desde hace varios años vienen practicando actividades extractivistas mineras en diferentes lugares del territorio amazonense y sus repercusiones ambientales. 3 Por su parte, la Organización ambientalista SOS ORINOCO 4 , clasificó en cinco categorías los abusos contra el ambiente y los derechos humanos que se cometen en el Sur de Venezuela: 1) contaminación mercurial; 2) crisis sanitaria; 3) degradación de ecosistemas; 4) negocios ilícitos; 5) violaciones a los derechos humanos y 6) soberanía nacional.

En este informe sólo se abordarán dos de estas categorías. Por un lado, la crisis sanitaria con un alto riesgo de un brote regional de malaria. Esto lo confirma el reporte estadístico de SOS Orinoco que señala una estremecedora tasa de morbilidad y mortalidad por malaria (2000 – 2018, se notificaron 1,97 millones de casos, un aumento de 1260%, de 29,736 casos en 2000 a 404,924 en 2018.” 5 Y por otro lado, SOS Orinoco denunció la la amenaza permanente de los garimpeiros a los pueblos Yanomami y Ye’kwana tanto del lado de brasileño como del venezolano.

En opinión de Odevida, las vulneraciones a los derechos humanos también afectan a la población indígena que habita en los territorios ocupados por agentes externos armados ilegales; y en este caso la información es muy limitada y escasa, por lo que existe un subregistro de violaciones al derecho a la vida y la integridad de este sector de la población afectada.

Finalmente, está claro que, de no modificarse esta realidad, en la cual las políticas extractivistas del gobierno venezolano han generado ya un daño ambiental y generado masivas violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas que viven ancestralmente en la Amazonia-Orinoquia venezolana, más temprano que tarde pasaremos de un ecocidio en ciernes a uno consumado, que debemos tratar de impedir con la ayuda de la comunidad nacional e internacional.